jueves, 12 de junio de 2014

TSJ y Fiscalía intentarán liberar calabozos policiales


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En la sede de Polibaruta tienen 50 detenidos en un espacio para 24 personas FERNANDO SÁNCHEZ
JUAN FRANCISCO ALONSO , THÁBATA MOLINA |  EL UNIVERSAL
jueves 12 de junio de 2014  12:00 AM
"Los calabozos de la policía científica (Cicpc) en El Rosal están tan atestados que a los presos los tienen esposados a las barandas porque ya no hay donde ubicarlos". Esto aseguraron en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo que ayer inició, junto al Ministerio Público, un operativo para descongestionar estos recintos en cuatro estados, incluida Caracas.

Solo en la capital, 15 jueces fueron enviados tanto a las sedes de las divisiones de Homicidios y de Capturas de la otrora Policía Judicial y a la de la Policía del Municipio Sucre con el fin de realizar las audiencias preliminares, actos en los que se debe decidir si hay elementos para ordenar el enjuiciamiento de un sospechoso de cometer un delito, aseguraron los informantes.

Las fuentes precisaron que solamente en estas cuatro entidades esperan atender a 834 personas que están privadas de su libertad desde hace varios días, incluso semanas, pero a las que el Ministerio de Servicios Penitenciarios les niega el ingreso a las cárceles hasta que se sepa cuál será su suerte.

En el TSJ estiman que en el país hay 3 mil personas que están en calabozos policiales y militares, recintos no aptos para acogerlos. 

"En Apure sabemos que hay 17 personas detenidas desde hace semanas en un destacamento de la Guardia Nacional, donde los dejan salir a hacer sus necesidades dos veces al día".

Alcaldes en alerta

Los alcaldes de Sucre y Baruta advirtieron que la situación de hacinamiento en los calabozos de sus policías también representa un riesgo para las comunidades, pues esta situación podría generar que en los tribunales de Control los jueces comiencen a otorgar medidas cautelares y dejen en libertad a delincuentes peligrosos, que continuarán delinquiendo. 

En la sede de Polibaruta, hasta ayer, tenían a 50 detenidos en un espacio construido para 24 personas. Los detenidos que tienen más tiempo allí están desde febrero; y ese cuerpo policial espera por la asignación de cupo para por lo menos 42 de ellos que ya fueron presentados en tribunales de Control.

"La ministra Iris Varela incurre en desacato, al no obedecer las órdenes de los jueces, y permitir que el detenido sea llevado a un penal. No es ella quien tiene potestad para decidir sobre el detenido, sino los tribunales. Su deber es velar por que se reeduquen. El Poder Judicial debería pronunciarse al respecto", expresó Blyde.

El alcalde de Baruta dijo que el problema de hacinamiento fue planteado a Varela, al ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Miguel Rodríguez Torres y hasta el presidente Nicolás Maduro.

En el caso de la alcaldía de Sucre, Ocariz advirtió que existe una responsabilidad compartida entre el Poder Judicial y el Ministerio de Servicios Penitenciarios en cuanto al conflicto de hacinamiento en las sedes policiales.

"Ya vimos que es un riesgo dejar que colapsen los calabozos de las policías. También puede ser un riesgo que en los tribunales comiencen a otorgar medidas cautelares, porque eso no ayudará a disminuir la delincuencia y todo el trabajo que se ha hecho se perderá", expresó el alcalde de Sucre. 

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