domingo, 2 de febrero de 2014

Expertos analizan sistemas para proteger a ciudadanos que denuncien actos de corrupción



José Luis Sanabria
Expertos analizan sistemas para proteger a ciudadanos que denuncien actos de corrupción
Expertos analizan sistemas para proteger a ciudadanos que denuncien actos de corrupción
En el marco de la Segunda Ronda del Mecanismo que hace seguimiento a la implementación de laConvención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic) por parte de los Estados asociados, se analizó lo referente a los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción.
Específicamente de forma directa o indirecta un funcionario público reciba cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio, además de la implementación de las recomendaciones formuladas por el comité de expertos durante la primera ronda.
La República Bolivariana de Venezuela, apegada a las disposiciones que contempla la convención, dictó en el año 2011 el estatuto de personal de la Contraloría General de la República, el cual establece un mecanismo regulador para la contratación de personal, así como lo señala el artículo 27 del mencionado reglamento: “Sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos casos en que se requiere personal para realizar tareas específicas y por tiempo determinado”.
Luego, en el año 2012, Venezuela promulgó el Decreto Presidencial N° 8.938, mediante el cual se dicta el decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras. De conformidad con esta Ley los trabajadores contratados al servicio de la Administración Pública Nacional, estadal y municipal, centralizada y descentralizada, se regirán por las normas contenidas en esta ley, la de seguridad social y su contrato de trabajo. Uno de los criterios que esta ley señala para la condición de un contratado, es que la actividad que realice el personal no forme parte de las actividades medulares de la entidad de trabajo; además prohíbe la tercerización como forma de contrato.
Igualmente, el país cuenta con una Ley de Contrataciones Públicas, la cual sustituyó todo el régimen jurídico contenido en la Ley de Licitaciones del año 2001, así como las disposiciones de rango legal que colidan con la referida ley. El objetivo de este nuevo instrumento es regular la actividad del Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, a fin de preservar el patrimonio público.
Es importante destacar que la República Bolivariana de Venezuela mantiene un compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, consciente de que este flagelo trae consecuencias sobre la calidad de vida y bienestar de sus ciudadanos.
Para mayor información puede ingresar a la página web de la Contraloría General de la República,www.cgr.gob.ve y buscar el link Lucha contra la Corrupción; o a través del portal web de la Organización de los Estados Americanos (OEA) www.oas.org.
Prensa CGR

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