Privados de libertad 12 funcionarios del Banco Bicentenario por apropiación de 135 mil dólares
FL
Globovisión/MP
23/01/2012 11:59:12 a.m.
Luego de cuatro días en audiencia de presentación, el Ministerio Público logró la privativa de libertad para 12 funcionarios del Banco Bicentenario, con sede en el Táchira, quienes de manera fraudulenta se habrían apropiado de 135 mil dólares a través de la banca electrónica.
Durante las audiencias, los fiscales 47° nacional y 10° de la referida jurisdicción, María Bejarano y Jean Carlos Castillo, respectivamente, presentaron los elementos de convicción contra los 12 empleados de esa entidad financiera del Estado, por presuntamente incurrir en los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir y fraude informático continuado, previstos y sancionados en las leyes Contra la Corrupción, Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Especial Contra los Delitos Informáticos.
La lista de funcionarios, adscritos al departamento de banca telefónica, está integrada por Yuliana Velandria Zambrano, Yasmín del Carmen Prato Palencia, Nareni del Valle Benitez, Paula Flores Méndez, Milled Sánchez Ferreira, Nury Porras Cárdenas, Maite Molina Ramírez, Mary Barrera Rodríguez, Luis Torres Rivas, Mónica Briceño García, Belkis Matamoros Orozco y Blas Borrero Camacho.
Fueron presentados ante el Tribunal 9° de Control del estado Táchira, instancia que acogió la precalificación fiscal, decretó la medida privativa de libertad y fijó como sitio de reclusión la sede de la Subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de esa jurisdicción.
Cabe destacar que por estos mismos hechos, el Ministerio Público acusó el 13 de enero de este año a Gibson García Peñuela, José Fuentes Vargas, Carlos Carrero Guerrero y Nestor Cárdenas Moreno, quienes actualmente también se encuentran privados de libertad.
Este grupo de empleados del Banco Bicentenario, habría utilizado la información aportada por los clientes, vía telefónica, relacionada con la tramitación de dólares de Comisión Administrativa de Divisas (Cadiv), para realizar las irregularidades.
Hay que resaltar que otros tres funcionarios se encuentran con solicitudes de aprehensión; sin embargo, están en fuga.
La investigación contra estos funcionarios la inició el Ministerio Público el 28 de noviembre de 2011, a solicitud de la junta directiva de la referida entidad bancaria del Estado.
De acuerdo con la investigación preliminar, el número de clientes afectados asciende a 125.
2 comentarios:
Ante el artículo publicado por este medio, los familiares y amigos de los detenidos empleados del banco Bicentenario queremos hacer la siguiente replica. En cuanto a las acusaciones reiteramos que nuestros familiares y amigos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, rechazamos rotundamente las declaraciones hechas por el CICPC y el Ministerio Publico ya que atropellan los derechos de los privados de libertad. La situación inicia con la detención de cuatro empleados el 28 de Noviembre del 2011 teniendo estos ya 60 días detenidos sin ningún tipo de beneficio procesal, posteriormente el 16 de Enero 2012 detienen 12 empleados mas. Todos estos fueron detenidos de forma irregular violándoles sus derechos. El Fiscal aplica la medida articulo 250 catalogándolos como delincuentes de alta peligrosidad y fuga cuando la verdad es que todos estos fueron engallados citándolos a sus sitios de trabajo para supuestas reuniones algunos, otros fueron detenidos en sus propios puestos de trabajo y otros detenidos indicándoles que tenían que ir a declarar al CICPC. Los primeros cuatro trabajadores fueron detenidos por el CICPC sin una orden judicial simplemente recibieron una llamada telefónica y procedieron con la aprehensión de los empleados. A pesar de todas estas irregularidades y otras más niegan la medida de libertad y por el contrario ordena que deban seguir detenidos esto ocurre con los 16 detenidos hasta la fecha, ya que el día Viernes en horas de la noche se conoce esta decisión para los otros 12 detenidos.
Seguridad bancaria prepara un informe donde involucra los usuarios de cada uno de estos empleados en consultas realizadas a cada una de las tarjetas de crédito supuestamente estafadas en sus cupos de CADIVI asignados para Internet, indicando que deben ser investigados para determinar responsabilidades. Cabe destacar que a pesar de que la misma seguridad bancaria habla sobre que solo realizaron consultas y que se debe investigar igual los acusan de delitos que están muy lejos de la realidad del caso. Ahora si esas consultas hechas por cada uno de los usuarios asignados a cada empleado es cierto, esto no determina absolutamente nada ya que está en la función de cada uno de estos trabajadores el atender llamadas telefónicas de los clientes y realizar consultas, es decir es el trabajo que realizan día a día. Sumándole a esto está la irregularidad de que estos usuarios asignados a cada uno de estos trabajadores fueron solicitados por sus superiores con el fin de suministrárselos a otros empleados ya que la antigua plataforma de Banfoandes no contaba con la cantidad que ameritaba el Banco para asignarle una a cada empleado que llego al área al momento de realizarse la fusión de los Bancos intervenidos por el gobierno nacional para crearse BICENTENARIO, esto conlleva a que más de 100 empleados hagan uso de un número reducido de usuarios en distintos turnos de trabajo las 24 horas del día, 365 días del año, esto fue aprovechado por altos funcionarios y la seguridad bancaria que si tenían acceso a información confidencial del banco y clientes para realizar los fraudes. Es por ello que solicitamos la libertad de todos los trabajadores y que se investigue a todos los funcionarios del banco por que no es posible que simples empleados rasos paguen por el crimen que realizaron otros. Entre estas 16 personas hay madres y padres sostén de hogar, jóvenes profesionales personas de bajos recursos de pueblo simples empleados que no tenían ningún tipo de alta jerarquía en la entidad bancaria. Esto está demostrado ya que los primeros cuatro detenidos pasaron por un proceso de 45 días donde la fiscalía realiza la búsqueda de pruebas y solicitaron la revisión en registros, notarias y entidades bancarias y los resultados que arrojaron fueron de personas humildes y acorde a su condición laboral, a pesar de todo esto y de que no suministraron ningún tipo de prueba nueva ni contundente estos siguen privados de libertad. Se han realizado una serie de amparos y de solicitudes de medidas cautelares ante la corte de apelaciones y solicitudes ante El Juzgado rector sin recibir respuestas de las mismas, solicitamos que intervengan en el caso y sirvan de peso para equilibrar la balanza de la justicia que se ha inclinado a solo encubrir a los verdaderos responsables que hoy día gozan de libertad plena.
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