jueves, 18 de noviembre de 2010

Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz


Ministerio Público investiga más de 230 casos de estafas inmobiliarias

Hasta la fecha, cuatro personas presentan orden de captura, 39 tienen prohibición de salida del país, cuatro presentación periódica ante los tribunales y dos libertad bajo fianza

Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz

"Las investigaciones que cursan en el Ministerio Público sobre las estafas inmobiliarias sobrepasan los 230 casos. De las actuaciones practicadas hasta la fecha tenemos nueve personas acusadas en su totalidad y ocho personas privadas de libertad", indicó este jueves la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

Se refirió al tema de las estafas inmobiliarias, de las cuales han sido víctimas un número considerable de familias venezolanas.

Indicó que, hasta la fecha, cuatro personas presentan orden de captura, 39 tienen prohibición de salida del país, “cuatro presentación periódica ante los tribunales y dos libertad bajo fianza”.

Ortega Díaz señaló que 38 empresas constructoras cuentan con medidas reales, “que no es otra cosa que la prohibición de enajenar y grabar sus bienes. De esas 38, 29 tienen prohibición de inmovilización de cuentas”.

“Estas son las medidas que hasta el día de ayer (miércoles 17 de noviembre) el Ministerio Público ha tomado para garantizar a los ciudadanos y ciudadanas su derecho constitucional a la vivienda”, aseveró la Fiscal General de la República.

Como consecuencia de esta situación y para atender con mayor prontitud las denuncias presentadas contra las constructoras y promotoras inmobiliarias, Luisa Ortega Díaz indicó que el MP designó un equipo conformado por tres directores, seis fiscales nacionales y 60 regionales para tratar los casos de estafa.

Destacó que el derecho a la propiedad está consagrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela, por lo que es posible la realización de la nacionalización de estas constructoras con un fin social.

“Se expropia por interés social, porque estos inmuebles presentan problemas porque las personas que compraron no han tenido respuestas. El Estado tiene la facultad de tomar medidas, no para quedarse con las viviendas sino para garantizárselas a esos venezolanos a quienes no se las han entregado”, señaló.

De igual modo, hizo mención al Plan contra el Fraude, Estafa y la Usura (FEU), el cual fue activado el año pasado por la Fiscalía.

“Desde junio del año pasado el MP desarrolló el plan contra el Fraude, la Estafa y la Usura en el sector vivienda con el fin de investigar detalladamente y profundizar en los casos relacionados con hechos que revisten carácter penal por parte de representantes de constructoras, inmobiliarias y promotoras al momento de negociar los inmuebles”, apuntó.

Igualmente, señaló: “Hemos observado desde el año pasado un cúmulo de denuncias, un número alto de denuncias, donde se estaba haciendo cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC), donde las familias compraban en el plano y oportunamente no se les entregaba la vivienda, les hacían cobros adicionales y no se les entregaba el inmueble, además se les cobraba una cuota extra en perjuicio de la persona que estaba comprando”.

Guerrilleros expulsados fueron capturados en Guacara


Guerrilleros expulsados fueron capturados en Guacara

Los insurgentes fueron entregados en el aeropuerto de Maiquetía a Policía de Colombia. Los expulsados son Oswaldo Espinosa Barón, Nilson Navarro Mojica y Priscila Ayala Matheus
Galería: Imágenes de la avioneta colombiana en Venezuela para extradición de guerrilleros Video: Guerrilleros expulsados por Venezuela ya están en Colombia


A partir del 10 de Agosto se fomentaron las relaciones entre Chávez y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos
El Nacional / Juan Carlos Gómez

Nilson Navarro Mojica y Priscila Ayala Mateus fueron detenidos el pasado 5 de octubre por el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas durante el rescate de Abraham Younes Haffar, empresario de origen árabe que fue secuestrado el 13 de septiembre en la zona industrial La Guacamaya, del estado Carabobo, por cuatro sujetos armados, quienes vestían chaquetas alusivas al CICPC. El director del órgano de policía científica, comisario Wilmer Flores Trosel, informó en su oportunidad que el rescate se realizó en la urbanización El Indio de Guacara cuando comisiones del Cicpc lograron liberar a la víctima.
Agregó que los secuestradores formaban parte de la banda "Los Desplazados", que operaba en el centro del país, integrada por 10 delincuentes, seis de ellos colombianos y cuatro venezolanos. De acuerdo con Flores Trosel, el grupo delictivo centraba sus actividades en los estados Yaracuy, Barinas y Táchira.
En cuanto a Espinosa Barón, no se conocieron detalles de su detención en Venezuela La expulsión de estas tres personas señaladas de integrar grupos subversivos en el vecino país es interpretada como expresión de la nueva etapa de las relaciones entre Venezuela y Colombia y como un gesto de retribución por la decisión colombiana de acoger el pedido de extradición hecho por Caracas del presunto narcotraficante Walid Makled.


Plagiarios presos

El comunicado del Ministerio de Interior y Justicia informa que los otros cuatro ciudadanos colombianos detenidos durante el operativo de rescate en Guacara de Abraham Younes Haffar se someterán a la jurisdicción venezolana.
"El Gobierno Bolivariano mantiene igualmente detenidos a otros cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana, capturados por nuestros organismos de seguridad pública, tras cometer el delito de secuestro, quienes al no estar solicitados por la justicia de la República de Colombia serán juzgados y sometidos a la jurisdicción venezolana", señala el texto.
Estas cuatro personas fueron identificadas como Ronald Fabián Bello, Elvis Andrés Bello Borges, Gustavo Alexis Salazar Faria y Luis Manuel Oropeza González. Adicionalmente, el Gobierno de Venezuela finaliza el comunicado destacando "su compromiso inquebrantable en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad".


Decisión responde al caso Makled

La expulsión de tres ciudadanos colombianos debe interpretarse, afirman expertos, como parte del entendimiento entre Colombia y Venezuela para extraditar a Walid Makled a Caracas.
"El acuerdo es que el hombre (Makled) vaya a Caracas y que Venezuela aumente la seguridad en la frontera, algo que extraoficialmente está ocurriendo. Aún faltan pagos", advirtieron fuentes colombianas.
El ex embajador de Venezuela en Colombia Fernando Gerbasi es de la opinión de que todo gira en torno al caso Makled. "No hay otra forma de verlo", apuntó. Aseguró que también revela que las relaciones entre ambos países mejoran.
Adolfo Salgueiro, profesor de Derecho Internacional, dijo que hay dos interpretaciones. La primera, jurídica. "Venezuela tiene el derecho de deportar a quien no le guste que esté en su territorio; esto parece una deportación", apuntó. La segunda es política.
"Hay un mensaje: `Ves que cuando quiero devolver a alguien lo hago rápido, ¿por qué no envías a Makled?", precisó.