domingo, 14 de febrero de 2010

NOTICIAS DE SUCESOS (LARA)



Lara bajo el poder del secuestro
En mes y medio ya se han registrado 25% de los plagios denunciados en 2009


Zonas como Quíbor y Carora son las más afectadas por este flagelo delincuencial en el que se denuncia a grupos policiales
(Cortesía El Impulso)

Barquisimeto.- Lara fue calificada por el Comité de Víctimas contra la Impunidad como "Territorio de la impunidad".
Está señalado según cifras de las ONG nacionales e internacionales como uno de los estados más violentos del país, siendo su policía una de las más denunciadas por violación a la vida, secuestro y extorsión.
Las pruebas reposan en los órganos judiciales, mientras los informes elaborados por la Fiscalía Superior de la entidad y enviados a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República (uno de ellos de fecha 11-07-2008, en donde se presentan "Cuadros contentivos de relación de casos de homicidios, desapariciones forzadas y torturas", correspondientes al período 2003- 2008 y reportados por las fiscalías 2º, 3º, 10º, 20º y 21º), sustentan las denuncias formuladas por víctimas, pero además aclaran la impunidad existente, ya que en la mayoría de los casos las causas permanecen en fase de investigación y solo un mínimo porcentaje llega a la sentencia.
Las cifras están en los informes y denuncias, solo en el año 2009 tuvieron lugar en la entidad 75 secuestros, de acuerdo al informe oficial del Comité de Víctimas, mientras que en el 2008 se registraron 61.
En lo que va de año, se han producido 20 plagios, es decir, un rapto cada dos días. Pero las cifras oficiales indican solo 14, esto se debe sencillamente a que muchas de las víctimas no denuncian la situación y prefieren actuar individualmente.
Esas cifras no son contabilizadas por los organismos de seguridad, entre ellos el GAES, a pesar de que en muchos casos actúan por notitia criminis.
La versión oficial sobre estos hechos resultó imposible de obtener, ya que a pesar de tratar de contactar al jefe del Comando Regional 4, general Alfonso Bohórquez, único vocero autorizado para ofrecer declaraciones sobre los secuestros, no se logró una respuesta.
Una violencia anunciada En Lara la agenda cotidiana ha sido saturada por las protestas contra la inseguridad y los secuestros, las últimas protagonizadas en Carora y Quíbor, en donde el flagelo viene azotando a los productores agropecuarios.
Solo en Carora durante el 2009 se registraron 28 plagios, denunció Yolanda Oropeza, familiar de una víctima de secuestro. Pero lo mismo sucede en el municipio Iribarren, en donde se encuentra Barquisimeto y en donde también se registran plagios de personas, de vehículos y los express: estos últimos para el 2009 sumaron 1.300 en toda la entidad.
Según un informe elaborado por el Comité de Víctimas de Lara, y de acuerdo a las declaraciones de los jefes policiales de la región, el 80% de los casos de secuestro los llevó adelante una banda que supuestamente fue exterminada en una operación conjunta de Polilara, Guardia Nacional y Cicpc. A raíz de este caso, ocurrido entre abril y agosto de 2009, las investigaciones de los propios cuerpos policiales y las fiscalías del Ministerio Público determinaron que por lo menos 25 funcionarios de esos organismos estaban involucrados con las bandas de los presuntos secuestradores abatidos.
Sin embargo, apenas transcurridos tres días de los anuncios oficiales sobre el desmantelamiento de las "polibandas" ya se habían sumado 6 secuestros más y de 60 plagios con los cuales cerró el mes de agosto, la cifra se elevó a 75 a finales de año.
Los delincuentes asesinados fueron enterrados y los funcionarios presuntamente cómplices ni siquiera fueron sometidos a juicio. Como consecuencia de la situación, el ministro de Interior y Justicia tuvo que admitir públicamente que uno de cada cinco funcionarios policiales estaban incursos en delitos tan graves como el secuestro, homicidio, tortura, extorsión, amedrentamiento, desaparición forzada.
Uno en mil Según el Comité de Víctimas Lara, la posibilidad de que un funcionario policial sea sometido a juicio por homicidio, secuestro o violación a los derechos fundamentales, según datos de la propia Fiscalía General de la República, es de uno en mil.
Según los informes enviados desde Lara por el Ministerio Público a la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales, los funcionarios involucrados en hechos delictivos y cómplices o integrantes de bandas son activos. Denuncian las ONG en Lara que la nueva Ley del Estatuto de la Función Policial burocratiza el procedimiento administrativo para destituir a un funcionario incurso en ilícitos, obstaculizando así aún más la investigación que intente adelantarse desde los entes regionales contra cualquier funcionario policial.
Esta situación obligó al gobernador del estado Lara, Henri Falcón, luego de anunciar un proceso de depuración del cuerpo policial de la entidad, a suspender las acciones, porque la nueva ley propuesta desde el Consejo Nacional de Policía, instancia suprema de la Policía Nacional y donde se encuentran a la cabeza, el actual ministro de Salud, Luis Reyes Reyes y el ex alcalde Freddy Bernal, no se lo permitía.
Falcón no se pronunció sobre la gravedad del tema, sino que en su lugar suspendió las destituciones y canceló la comisión encargada de instruir los expedientes administrativos a los 500 funcionarios policiales, quienes según sus propias declaraciones habían cometido delitos.
De esta manera, el ex comandante de la Policía de Lara, general Jesús Armando Rodríguez Figuera, señalado en numerosos informes del Consejo Legislativo de Lara y de la Asamblea Nacional por estar incurso en delitos, también quedará exento de sus cargos, según fuentes extraoficiales.

Marla PratoESPECIAL PARA EL UNIVERSAL

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