viernes, 31 de octubre de 2008

INVESTIGAN CASOS DE AJUSTICIAMIENTOS (ARAGUA)




EditorialNotitardeC.A
Comisión de la Asamblea Nacional en el estado Aragua
Investigan casos de ajusticiamientos
Foto: Edgardo Colorado.

Maracay, octubre 30 (María Quintero).- Una comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, inició una investigación a la Policía de Aragua, ante la denuncia de más de mil casos de presuntos ajusticiamientos desde el año 1995 hasta la fecha.
Así lo informó el diputados Wilmer Iglesia, vicepresidente de dicha comisión, quien en horas de la mañana de ayer miércoles, escuchó las denuncias de los familiares de las víctimas en una sesión especial celebrada en el Consejo Legislativo del Estado Aragua (Clea).

El diputado señaló que también son procesadas, denuncias de violación a los derechos humanos, extorsiones, homicidios entre otros delitos, que serán discutidos durante dos días en la sede del parlamento regional, para elaborar un informe sobre la situación.
Iglesia destacó que esa comisión se trasladado desde Caracas, para conocer la situación, pues desde el año 1995 se han registrados más de mil casos de ajusticiamiento, presuntamente por parte de algunos funcionarios de la Policía de Aragua.

"Como legisladores, debemos realizar un informe sobre la situación de la Policía de Aragua, para cuantificar el número exacto de las denuncias y conjuntamente con el Ministerio de Interior y Justicia realizar los correctivos necesarios", dijo el parlamentario.
Por otro lado, señaló que para este viernes los diputados de la Asamblea Nacional, que integran la comisión encargada de investigar los hechos, tiene previsto reunirse con el comandante de la policía regional, así como representantes del Ministerio Público.

Pocos casos resueltos
Desde el año 1998 la asociación civil pro derechos humanos, Vida Paz y Libertad, comenzó a recabar información acerca de los presuntos ajusticiamientos cometidos por funcionarios de la Policía de Aragua, presentando una cifra de mil doscientos cincuenta casos, desde la fecha hasta hoy, de los cuales solo un índice muy bajo han sido resueltos judicialmente, siendo sometidos en muchos casos solo a sanciones administrativas de los uniformados indiciados.
Al parecer, la mayoría de los casos se registraron durante operativos policiales o en persecución, que muchas veces culminaban en puntos muy cercanos a las residencias de las víctimas, siendo objeto de abusos familiares y vecinos que denunciaron las irregularidades.
Parte de los hechos se ejecutaron en zonas con pocos recursos

Gran parte de los hechos fatales, se escenificaron en zonas cuyos habitantes cuentan con pocos recursos económicos, donde también tienen lugar recurrentemente la comisión de delitos, como el homicidio por arma de fuego, robos o violaciones, situación que se agrava cuando los encargados de resguardar su seguridad personal y patrimonial forman parte del grupo ejecutor de tales sucesos.

La directora de la asociación Vida Paz y Libertad, que funciona en el estado Aragua, Sara Mier y Terán, afirma que "la impunidad, el debilitamiento institucional, la violencia policial y la ausencia de políticas de estado constituyen los factores que contribuyen a la erosión del tejido social y la pérdida del estado de derecho", haciendo directa referencia a la numerosa cantidad de casos de violaciones de derechos humanos que no han sido castigados.
En ese sentido, Mier y Terán, ha prestado asistencia jurídica a los familiares de las víctimas, que en muchos casos terminaron en la misma condición, actuando como apoderada al procesar denuncias ante organismos internacionales e instancias nacionales para exigir la garantía de sus derechos fundamentales.
Por último, manifestó que todos los juicios por los casos de "ajusticiamiento", continúan paralizados y actualmente solo un pequeño número de funcionarios están privados de libertad.

Un grave problema el reciclaje de funcionarios
Mencionó, el diputado Wilmer Iglesia que uno de los graves problemas que existe es el reciclaje que hay con los uniformados que se pasan de un cuerpo policial a otro, sin que exista una data que permita hacerle un seguimiento al individuo como funcionario.
En ese sentido, comentó que debe existir una autoridad única que rija las policías del país, como lo establece la Ley de Policía Nacional, lo cual será un factor que permita depurar la calidad y el régimen de los gendarmes.

La comisión parlamentaria también se reunió este jueves con el fiscal Superior de Aragua, José Lanz Pacheco; el presidente del Circuito Judicial Penal, Edgar Fuenmayor; el defensor del Pueblo, Luis Ortega Navas, y el comandante de la Cuarta División Blindada, General de División (EJNB) Alejandro Tineo Peña.